Eurocámara avanza en un 'benchmark' de CO2 que aliviaría la cerámica española

La Eurocámara ha puesto en marcha un debate crucial que podría redefinir el marco de emisiones para la industria cerámica europea, con un foco particular en el sector del azulejo. La iniciativa se centra en la propuesta de un ‘benchmark’ de CO2 propio, diseñado para ajustar las asignaciones gratuitas de derechos de emisión, una medida largamente esperada por la industria española, especialmente la radicada en Castellón.

Este ‘benchmark’ de CO2 específico para el azulejo busca establecer un punto de referencia más preciso y adaptado a las características productivas de este subsector. El objetivo es elevar las asignaciones gratuitas de derechos de emisión, un mecanismo que permite a las empresas recibir una cantidad de permisos sin coste para cubrir parte de sus emisiones de gases de efecto invernadero, antes de tener que adquirir créditos adicionales en el mercado.

La medida adquiere especial relevancia en el contexto de la implementación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), diseñado para igualar el precio del carbono entre los productos de la Unión Europea y los importados. Al aumentar las asignaciones gratuitas, se espera que la carga de carbono para los productores europeos, y por ende su competitividad frente a terceros países, se vea mitigada, evitando así una posible deslocalización de la producción.

Para la industria cerámica de Castellón, que representa un pilar fundamental de la economía regional y nacional, la aprobación de este ‘benchmark’ supondría un alivio significativo. La provincia es un referente global en la producción de azulejos y baldosas, y sus empresas han expresado reiteradamente la necesidad de un marco regulatorio que contemple las particularidades de su proceso productivo y su alta intensidad energética.

El debate en la Eurocámara refleja un reconocimiento de las especificidades sectoriales dentro de la política climática europea. Si bien el proceso aún está en curso, el encarrilamiento de esta propuesta sugiere una voluntad política de adaptar las normativas de emisiones para salvaguardar la competitividad de sectores clave, anticipando un impacto positivo en la sostenibilidad económica de la cerámica española.