Álvarez de Toledo presiona al Gobierno por listado de nacionalizados bajo la 'Ley de Nietos'

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha incrementado la presión sobre el Gobierno, exigiendo formalmente a los ministros Félix Bolaños (Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) la entrega de un listado crucial. La demanda se centra en la relación de los 163.020 individuos que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la denominada 'ley de nietos', solicitando que dicha información sea remitida directamente al Tribunal Supremo.

Esta solicitud se enmarca en el contexto de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como 'ley de nietos', que ha facilitado el acceso a la nacionalidad española a descendientes de exiliados y víctimas del franquismo. Desde su entrada en vigor, el número de beneficiarios ha ascendido a la cifra de 163.020, según los datos que maneja la propia diputada y que son el objeto de su actual requerimiento. La medida busca, en esencia, clarificar y auditar el proceso de concesión de estas nacionalidades.

La interpelación directa a dos carteras ministeriales clave, como son Presidencia y Exteriores, subraya la trascendencia política de la exigencia. Al solicitar que el listado sea entregado al Tribunal Supremo, Álvarez de Toledo eleva la cuestión a la esfera judicial, lo que podría implicar un escrutinio legal sobre los procedimientos y la aplicación de la ley. Esta acción representa una clara estrategia de fiscalización de la gestión gubernamental en un asunto sensible.

La petición de Álvarez de Toledo genera un nuevo foco de tensión en el panorama político, poniendo bajo el reflector la implementación de una de las leyes insignia de la actual legislatura. La cifra de 163.020 nuevos nacionalizados no es menor y su potencial revisión o escrutinio por parte de la justicia podría abrir debates adicionales sobre la interpretación y el alcance de la normativa. El Gobierno, por su parte, se enfrenta ahora a la decisión de cómo responder a este requerimiento formal que busca llevar la cuestión a la máxima instancia judicial.