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Economía

Contrabando y fabricación ilícita de tabaco amenazan 35 mil mdp del erario

La venta ilegal de tabaco, impulsada por una estrategia criminal que combina contrabando y producción local, podría generar una merma de hasta 35,000 millones de pesos para el erario público, a pesar del incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Redacción La Coyuntura

El erario público enfrenta una potencial merma de hasta 35,000 millones de pesos debido a la creciente venta ilegal de tabaco en el país. Esta situación se presenta a pesar de los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que buscan incrementar la recaudación. La cifra y el análisis provienen de un investigador del Colegio de México (Colmex), según reportes de forbes.com.mx, subrayando la magnitud del desafío fiscal.

La amenaza se origina en una estrategia desarrollada por grupos criminales, que han logrado establecer un modelo mixto. Dicha estrategia combina tanto el contrabando de productos de tabaco desde el exterior como la fabricación local de cigarrillos ilegales. Esta combinación genera una competencia que ha sido calificada como "asimétrica" por el especialista del Colmex, distorsionando el mercado.

La naturaleza asimétrica de esta competencia radica en que los productos ilegales evaden cualquier tipo de impuesto o regulación, permitiendo su venta a precios considerablemente más bajos que los productos legales. Esta ventaja desleal no solo afecta a la industria formal del tabaco, que cumple con sus obligaciones fiscales y sanitarias, sino que impacta directamente en la capacidad del Estado para recaudar los tributos esperados.

Las consecuencias de esta dinámica van más allá de la pérdida económica directa. La proliferación de tabaco ilegal introduce al mercado productos sin controles de calidad ni sanitarios, lo que podría acarrear riesgos para la salud pública. Además, la erosión de la base tributaria representa un serio desafío para la estabilidad de las finanzas públicas, limitando recursos que podrían destinarse a programas y servicios esenciales. La persistencia de esta actividad subraya la complejidad de la lucha contra el crimen organizado en el ámbito económico.